TRIGO TRANSGÉNICO. CIENCIA Y DEUDA AMBIENTAL

*Por Luciano Moretti y Cintia Palavecino

A principios de octubre de este año la empresa biotecnológica Bioceres anunció la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación del trigo transgénico con tecnología HB4, la cual confiere a las semillas tolerancia a la sequía. Se trata del primer trigo transgénico del mundo en ser aprobado para su uso, y es un desarrollo biotecnológico producto de la colaboración en conjunto entre CONICET, UNL y la empresa Bioceres. En un contexto donde el gobierno busca incrementar las exportaciones por la escasez de divisas, esta innovación fue recibida con buen agrado por el equipo económico pues implicaría un mayor rendimiento de los cultivos. Sin embargo, la noticia rápidamente desató fuertes debates tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general. Entre otras cosas, surgen preguntas como: ¿el cuidado del ambiente y la salud se contraponen al desarrollo económico?, ¿qué rol cumplen las Universidades y los organismos científico-tecnológicos en el modelo productivo del país?

Agronegocio y dependencia.

Desde mediados de los 90, el Estado junto a las entidades agropecuarias y los medios de comunicación, promueven la idea de que los avances de productividad ligados a la producción agropecuaria, son los que posibilitan al país hacerse con las tan necesarias divisas para sostener al conjunto de la economía. Con esta idea  se ha colocado primero “la macro” (es necesario equilibrar la balanza comercial) antes que el derecho al ambiente sano, a la soberanía alimentaria y al acceso a la tierra, bajo una visión de desarrollo integral. Una de las mayores expresiones de este modelo productivo es la denominada sojización. A mediados de los noventa, la matriz productiva de nuestro país tuvo una profunda transformación con el “boom de la soja”. Esto tiene sus orígenes en la emergencia económica de países del Sur Global, como China, lo que generó un aumento de la demanda de los comoditties en general y de la soja en particular. Este fenómeno global, combinado con la estructura productiva dependiente de nuestro país, dio como resultado una híper-expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de producciones a gran escala (pooles de siembra) sostenidas por grandes terratenientes y grupos empresarios locales y trasnacionales. 

No obstante, aumentar cada vez más la frontera extractivista conlleva altos costos de producción, ya que para ello es necesario un paquete tecnológico que incluye transgénicos, herbicidas, fertilizantes, siembra directa, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, los precios de estas innovaciones tecnológicas están en manos de monopolios extranjeros o nacionales subordinados. Estas empresas no sólo controlan el precio, sino también el uso de las semillas a partir de patentes. Ante este escenario, un productor que no encuentra rentabilidad en su campo tiene dos opciones: vender sus tierras a grandes terratenientes o arrendarlo a grandes pooles de siembra. Esto produce una concentración de las tierras cultivables en cada vez menos manos, el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, el 55 por ciento de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 por ciento de la tierra (INDEC 2020). En este contexto, el lobby del agronegocio agrupado en el Consejo Agro-industrial Argentino, le propone al gobierno nacional un plan federal para ampliar la frontera agropecuaria incorporando más de un millón de nuevas hectáreas para la producción. Esta propuesta fue tomada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la nación bajo el nombre “Iniciativa 200 000 000 de Toneladas de Cereales, Oleaginosas y Legumbres. Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de Pie”.  En este marco donde las consecuencias ambientales y en la salud son cada vez más notorias y tienen su origen principalmente en el desmonte y en la utilización desregulada de agroquímicos el modelo de desarrollo hegemónico parece ser el que proponen los terratenientes y las exportadoras de cereales. Pero, por lo menos, ¿se producirán más alimentos para combatir el hambre en Argentina? Para nada. Como se dijo antes, se trata de un modelo que no está orientado a satisfacer las necesidades internas. 

El trasfondo del trigo HB4

En este marco, Argentina promueve hoy el desarrollo de avances en el campo de la biotecnología con el objetivo de mejorar sus cultivos para aumentar la productividad del suelo. Estas modificaciones suelen incluir mejoras en términos de resistencia a las plagas o a los plaguicidas que se utilizan para combatirlas, así como a características ambientales particulares. En este sentido, recientemente se ha anunciado la elaboración de una variedad de trigo tolerante a la sequía. La investigación de base fue realizada por investigadores de la UNL y el CONICET. Sin embargo, la producción de la semilla fue tercerizada a la empresa Bioceres. Esto se realizó mediante la venta de la patente a esta empresa que es parte del holding Los Grobo (largamente asociados al modelo de sojización en el país y la región). Fue durante esta faceta de elaboración por parte del privado que se introdujo otra modificación genética con el objetivo de que los cultivos del nuevo trigo sean resistentes a un plaguicida particular (Glifosinato de amonio). 

Este anuncio generó fuerte rechazo de investigadores, organizaciones, movimientos ambientales y público en general. Principalmente, debido a que es funcional a la matriz productiva antes mencionada, que prioriza la ganancia de unos pocos, profundizando las desigualdades económicas y sociales de la mayoría de la población y acrecentando la pérdida de biodiversidad. ¿Quiénes serán los principales beneficiarios de este trigo en un contexto de agricultura sin agricultores? ¿A costa de qué seguiremos aumentando la pérdida de biodiversidad?. Según un comunicado firmado por casi mil científicos y científicas de la región, el avance de la devastación de bosques nativos y humedales “avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas”.

Por otro lado, la salud y el ambiente se verían perjudicados tanto por el transgénico en sí mismo, como por el uso intensivo y a gran escala del plaguicida. Los transgénicos son organismos que se producen a partir de la incorporación de genes de otras especies con un fin particular, con la utilización de ingeniería genética. Uno de los efectos indeseados del uso de transgénicos en la agricultura (por ejemplo, en la producción de soja), es la contaminación genética que sucede durante la polinización. Esto significa que una parte de los organismos transgénicos se cruza con otras variedades no transgénicas de campos linderos. De este modo, poco a poco se van perdiendo las variedades de semillas tradicionales debido a este proceso, y por imposiciones del mercado. Otro aspecto negativo sería el uso del glifosinato de amonio, un herbicida que según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) es quince veces más tóxico que el glifosato. ¿Por qué entonces Bioceres incorporó al transgénico la propiedad de resistir a este producto? Debido a la mala prensa del glifosato a partir de estudios que han demostrado su toxicidad, se lo busca reemplazar con este otro plaguicida. Ambos tienen efectos letales y subletales en organismos que contribuyen a mantener la salud del agroecosistema, además de contaminar el agua y la tierra. Y por supuesto, como ya ha sido ampliamente difundido provocan afecciones en nuestra salud. Estos son sólo algunos de los potenciales riesgos a los que nos exponemos con el desarrollo del trigo HB4.

El problema no son los desarrollos biotecnológicos y los avances científicos en sí mismos, sino a costa de qué y a beneficio de quién/es. Este esquema de relaciones entre Universidad, ciencia, tecnología y empresas privadas (en algunos casos monopolios trasnacionales) se repite en distintos espacios académicos pero con la misma lógica de fondo: los conocimientos deben ser puestos al servicio de las necesidades del mercado, con la falsa premisa de proveer alimentos (o medicamentos) al mundo. Los grupos de investigación se ven en muchos casos obligados a ofrecer este tipo de servicios por la falta de presupuesto proveniente del Estado. Pero no sólo los equipos de investigación son permeables a esto, sino también los planes de estudio y lo que aprendemos diariamente en nuestra formación de grado. 

Es necesario destacar que este tipo de transferencia de conocimientos entre sector público y privado es promovido por las estructuras del Estado. La falta de una ley de patentamientos acorde, sumado a la carencia de recursos públicos destinados al desarrollo de las técnicas y a la inexistencia de empresas públicas en el sector de la biotecnología o la farmacéutica conducen a que las innovaciones financiadas por el Estado terminen en manos de actores económicos privados. Estos son los que tienen la puerta de acceso no sólo al financiamiento, sino también a las capacidades de gerenciamiento necesarias para introducir nuevos productos tanto en el mercado local como en el internacional. En el caso del trigo transgénico por ser parte de una “nueva generación” necesita de los avales de los entes reguladores de alimentos de cada Estado para ser comercializados. Esto requiere una capacidad de lobby que sólo las grandes empresas poseen. 

¿Ambiente vs desarrollo?

La contradicción entre desarrollo económico y conservar el ambiente se ha vuelto latente en nuestro país y en el mundo. Esto se debe a dos realidades simultáneas, por un lado, la creciente emergencia climática y la crisis socioambiental que atraviesa el planeta, por otro lado, en todo el Sur Global y en Argentina en particular la creciente demanda global de recursos naturales mercantilizados (commoditties) ha permitido el desarrollo de proyectos económicos antes impensados (Megaminería, Fracking, Monocultivo intensivo de Soja, mega granjas de cerdos, etc.) (Svampa 2012). Ambos fenómenos se han encontrado con la lucha y resistencia de los movimientos sociales ambientales organizados, pero por el otro han contado con la aprobación e impulso de los distintos gobiernos (provinciales y nacionales) que promueven estas iniciativas como “formas de desarrollo”.

Sin embargo, dentro de la lógica del sistema capitalista de producción el costo de reposición de los bienes comunes naturales (como por ejemplo el agua) no está contemplado dentro de la función productiva (es decir no se refleja de manera efectiva el costo de producción). Tampoco se ven reflejados los costos ambientales de este tipo de producción cuyos daños son muchas veces irreparables. Esta idea de depredación de los bienes comunes naturales (que lamentablemente son finitos) fue llevada al extremo al punto tal que hoy el conjunto del planeta atraviesa una emergencia climática (debido al aumento de los gases de efecto invernadero) y afronta una inminente extinción masiva de cientos de miles de especies silvestres. Tan sólo en los últimos 40 años la vida silvestre del planeta se redujo un 58% (WWF 2020). Alrededor del 60% de los mamíferos que pueblan la Tierra son ganado de granja, el 36% restante los representa la raza humana. Eso significa que sólo el 4% de los mamíferos representan a la fauna salvaje del planeta. Además, el 70% de los pájaros son aves de corral y sólo el 30% son salvajes (Bar-On, Phillips, and Milo 2018). En este contexto, se demostró que las pandemias como la actual de COVID-19 están asociadas a la superpoblación humana, la explotación intensiva de animales de corral junto con la depredación de la naturaleza: la pérdida de hábitats naturales debido al extractivismo genera condiciones propicias para el “desbordamiento” de patógenos de especies silvestres hacia los humanos (Carrillo-Avila 2020).

Como señalamos, la enorme explosión demográfica del último siglo constituye una presión constante sobre los bienes comunes naturales y el ambiente. Durante los últimos 50 años, la revolución verde fue promovida por las promesas de una ciencia que posibilitaría la producción de alimentos de manera sustentable para todos los seres humanos haciendo a los cultivos más eficientes y por lo tanto reduciendo la presión sobre áreas naturales (principalmente montes y bosques que son arrasados para dar lugar al monocultivo). Sin embargo, este paradigma innovador no ha tenido en cuenta la llamada paradoja de Jevons o paradoja de la eficiencia. Esta sostiene que mientras más barato es un bien mayor será la demanda sobre este, por lo cual los incentivos para aumentar la producción del mismo crecen. Por lo que, al contrario de lo sostenido por el discurso de la sustentabilidad innovadora, aumentar la eficiencia de los cultivos no ha hecho más que aumentar los incentivos para producir, llevando a mayor deforestación. Esto ha sido demostrado para el caso del aceite de Palma en el cual el incremento de la productividad por hectárea condujo a una mayor demanda del mismo a nivel mundial generando mayores incentivos a los productores para “encontrar más suelo fértil”, lo que condujo a la destrucción de la selva en Malasia. Este es un caso típico en el que las innovaciones tecnológicas, en el contexto de un mercado libre, se vuelven contraproducentes (Hamant 2020). Esto nos debe llevar a repensar la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo económico en el contexto del sistema capitalista, y más todavía en el caso de países dependientes como el nuestro.

¿Hacia dónde queremos ir?

El caso del trigo transgénico con tecnología HB4 nos sirve como disparador para pensar las consecuencias del paradigma científico productivo imperante y su relación con el ambiente. Cuando hablamos de crisis climática y socioambiental se suele depositar su solución en el progreso científico (el descubrimiento de nuevas formas de energía, de cultivos más eficientes, nuevos materiales sintéticos, etc.). Sin embargo, observamos que, para el caso de las innovaciones en materia biotecnológica, en el contexto del sistema capitalista de producción, estas innovaciones no condujeron a un uso más eficiente de los recursos sino a un uso más intensivo de los mismos, de la mano de una tremenda extensión de la frontera agropecuaria.

En el contexto descripto no podemos pensar en un modelo de desarrollo basado únicamente en el crecimiento económico a toda costa, sin contemplar el uso equilibrado de nuestros bienes comunes. Toda política económica que fomente solamente actividades productivas basadas en la extracción intensiva de materias primas o commodities con el fin único de obtener divisas para equilibrar la macro nos condena al fracaso y a la catástrofe socioambiental que ya estamos viviendo. Esto se debe principalmente a que este tipo de “modelos de crecimiento dependientes” omiten del debate la planificación a mediano y largo plazo de una reestructuración de la matriz productiva y se subordinan a intereses de corto plazo, como por ejemplo hacer frente al pago de la deuda externa. Sumado a esto permiten la captura de los avances científicos y tecnológicos financiados por el Estado por parte de monopolios trasnacionales reforzando nuestro rol subordinado en la economía mundo capitalista. Esta apropiación privada de recursos públicos podría evitarse si existiera una ley de conocimiento científico y de patentes acorde, financiamiento necesario para el desarrollo nacional de los mismos mediante el fomento de empresas públicas dedicadas a la innovación tecnológica (un modelo para seguir podría ser el caso de INVAP). Esta situación de vulnerabilidad nos priva de aprovechar de manera efectiva las regalías que se producen por las patentes tecnológicas y delega la capacidad de control y regulación de su uso en privados que sólo los motoriza la búsqueda de ganancias.

Otras regulaciones interesantes son aquellas que condicionan el uso de semillas más eficientes a una reducción de la superficie cultivada, donde los productores se comprometen a una mayor rentabilidad por hectárea a cambio de reducir la superficie utilizada.

Sin embargo, el desafío para Argentina es grande, el contexto de dependencia actual, reforzado por una incesante pérdida de soberanía agravada durante los 4 años de macrismo colocan fuertes restricciones a la capacidad de respuesta del Estado que se enfrenta a poderosos enemigos internos (terratenientes y monopolios) y poderosos enemigos externos (fondos de inversión de riegos, FMI, BM, etc). A pesar de esto, la crisis socioambiental ya está causando estragos en poblaciones vulnerables y crecen las luchas populares para resistir y transformar este modelo que nos enferma y que depreda el medio ambiente. Afortunadamente, siguen emergiendo propuestas por parte de intelectuales y de movimientos socioambientales latinoamericanos y de todo el mundo. Son interesantes los aportes y debates en torno al llamado “Green new deal”. O por ejemplo, el Pacto eco-social del sur propone, entre otras cosas, una reforma tributaria solidaria y el no pago de la deuda externa en países del Sur Global debido, en parte, a la deuda ecológica y social de los países imperialistas desde épocas coloniales. Hay que seguir construyendo y apostando por este camino si queremos mejorar el presente y sobre todo el futuro de las próximas generaciones en términos socioambientales. 

Referencias bibliográficas

Bar-On, Yinon M., Rob Phillips, and Ron Milo. 2018. “The Biomass Distribution on Earth.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115(25):6506–11.

Carrillo-Avila, J. A. 2020. “Emerging Viruses and New Zoonoses. Lessons Learned from a Pandemic.” Actualidad Medica 105(809):7–10.

Hamant, Olivier. 2020. “Plant Scientists Can’t Ignore Jevons Paradox Anymore.” Nature Plants 6(7):720–22.

INDEC. 2020. Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados Preliminares. Agricultura.

Ivars, Jorge Daniel. 2013. “¿Recursos Naturales o Bienes Comunes Naturales?: Algunas Reflexiones.” Papeles de Trabajo – Centro de Estudios Interdisciplinarios En Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural (26):88–97.

Maristella, Svampa. 2012. “Consenso de Los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento Crítico En América Latina.” 1–25.

WWF. 2020. Informe Planeta Vivo 2014 Revertir La Curva de La Pérdida de Biodiversidad. Resumen.

*Luciano Moretti: Doctorando en Estudios Sociales (UNL). Lic. en Ciencia Política (UNL). Diplomado superior en Desarrollo local, territorial y economía social (Flacso).

*Cintia Palavecino: Doctoranda en Ciencias Veterinarias (UNL). Lic. en Biodiversidad (UNL). Integrante de la agrupación de estudiantes y graduadxs, ConCiencia Crítica (UNL).

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s