La huella ecológica china

Por Andrés Carignano y Germán Mangione*

El debate sobre la instalación de mega granjas chinas en nuestro país puso sobre la mesa el costo ambiental de la inversión extranjera. En esta nota repasamos la “huella ecológica” de la inversión china en América Latina y en particular en Argentina.


Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre el impacto ambiental de las inversiones chinas en el sector porcino, un tema que todavía no se ha concretado, pero que reúne los grandes problemas estructurales de la República Argentina: la dependencia al extranjero, la concentración de la producción en pocas manos y una forma de producir poco sustentable ambiental y socialmente.

Sin embargo, el sector porcino no es el único que genera debates sobre los impactos de los negocios Chinos en Argentina y el continente. En América Latina, las inversiones chinas se concentran principalmente en tres sectores: extracción de recursos naturales, obras de infraestructura y exportación de materias primas. Y en tres productos: petróleo, minerales y productos agrícolas. Los proyectos son financiados por bancos privados y estatales del país asiático y son ejecutados por empresas chinas, muchas veces en consorcio con empresas locales.

Con el reciente anuncio de una posible incorporación de Argentina a la Iniciativa de La Franja y La Ruta, vale la pena repasar algunos antecedentes del gigante asiático en nuestra región.

De la semilla al puerto

China es el mercado de alimentos más grande del mundo. Concentra el 22% por ciento de la población mundial y una creciente clase media que cambia sus pautas de consumo.

Para el Gobierno Chino el abastecimiento de alimentos de calidad es un pilar fundamental de su política interna. Pero China tiene problemas para producir todo lo que necesita.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Además del atraso tecnológico de la producción agrícola china, el problema del autoabastecimiento tiene su raíz en el proceso acelerado de industrialización vivido en China en las últimas décadas que se hizo sobre la base del más absoluto desprecio del medio ambiente y los impactos ecológicos de ese desarrollo.

Nuestra región ya representa una tercera parte de los alimentos importados por China. En los 10 años anteriores, las exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe hacia China aumentaron a 13 por ciento desde 5.6 por ciento del total, tendencia que se explica principalmente por el aumento de los embarques desde el Cono Sur hacia China.

Según la FAO la agricultura intensiva y su impacto en el uso de la tierra (como la deforestación) son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, con cerca del 21% del total mundial. Y las estimaciones proyectan que para 2050 se requerirá un incremento del 50% en la producción de alimentos, piensos y biocombustibles para suplir las necesidades de una población de 9.700 millones de personas

La producción de soja, como principal producto agrícola del mundo, forma parte de un sistema técnico-productivo integrado, que incluye semillas genéticamente modificadas, como la soja Roundup Ready (RR), siembra directa, cosechas mecanizadas, herbicidas (glifosato) y fertilizantes. El famoso “paquete tecnológico” que impulsa al monocultivo y ha implicado inocultables impactos ambientales en toda la región.

Desde los impactos directos a la salud provocados por las fumigaciones y la aplicación de los agroquímicos, hasta la modificación de los ecosistemas naturales que han cedido lugar al avance de la frontera sojera.

En este proceso China no es solo impulsor del monocultivo por ser el principal comprador de lo que produce nuestro subcontinente, sino que también es uno de los principales proveedores de los agroquímicos utilizados para este tipo de cultivo como es el caso del glifosato y el gran inversor en el desarrollo de toda la cadena de producción y exportación primaria.

China salió al mundo a buscar sus fuentes de alimento y el balanceado para sus animales y a su paso impulsó un modelo de agricultura que ha demostrado no ser sostenible ambientalmente. Pero no sólo lo impulsa como comprador sino que participa en todos los negocios de la cadena de suministro, modificaciones genéticas, producción, distribución y comercialización.

Las represas y las inundaciones

En la Patagonia Argentina se encuentra uno de los principales proyectos de obra pública gestados durante el kirchnerismo con un presupuesto de 4.770 millones de dólares. Hablamos de la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de un consorcio entre la empresa argentina Electroingeniería y la china Gezhouba Group Corporation. El 85% del financiamiento es realizado por el Estado Chino y bancos privados chinos. Es la inversión extraterritorial más grande de China en el sector hidroeléctrico.

Los cuerpos de agua potencialmente afectados por la obra son el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Desde el comienzo de la construcción se denunciarongravísimas deficiencias y omisiones técnicas e informativas de Evaluación del Impacto Ambiental”. A su vez realizado por una empresa que no estaba habilitada para hacerlo y cuyo ex Presidente, el Ing. Jorge Marcolini era, al mismo tiempo, funcionario del Ministerio que debía evaluarlo.

La aprobación se dio de manera tan apresurada que imposibilita que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tuvieran tiempo suficiente para efectuar un análisis de los impactos ambientales.

Macri insinuó al comienzo de su gobierno que iba a revisar esas adjudicaciones, a las que denominó “un monumento a la corrupción”, con la intención de desplazar al grupo económico Electroingenieria, vinculado al kirchnerismo, por grupos afines. En ese camino recibió a Cristine McDivitt, viuda del empresario fallecido Douglas Tompkins, y a Sofía Heinonen, referente de Conservation Land Trust, una ONG fundada por el norteamericano.

En ese encuentro, Macri les preguntó qué pensaban sobre las represas que se están construyendo sobre el río Santa Cruz y, luego de que ambas mujeres manifestaran su oposición, el Presidente supuestamente declaró: “Hicimos un estudio y vimos que las represas están en el puesto número veinte entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas (…) Vamos a intentar pararlas”.

Pero la presión del gobierno chino hizo que los planes cambiaran. En la primera visita a China del ex-presidente, el gobierno de Xi Jinping afirmó que si no avanzaba la obra hidroeléctrica se caería el financiamiento del Belgrano Cargas, ya que ambos créditos estaban “cruzados” por una cláusula Cross Default.

Tras la vuelta a la argentina del ex mandatario, se realizaron a las apuradas las audiencias requeridas por los grupos ambientales, en las que la mayoría de las organizaciones se manifestaron en contra de la obra, y se reactivó la construcción.

Por otro lado Gezhouba, la empresa china que construirá las represas y se transformó en la contratista extranjera más grande de Argentina, fue sancionada por el Banco Mundial, tras reconocer “mala praxis” en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones.

La sanción, por mal desempeño en proyectos de agua y gestión de las inundaciones, cobra relevancia en Argentina si se tiene en cuenta que para la realización de la obra, es necesario inundar una gran parte del territorio que rodea el proyecto

Megaminería

La minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas tanto ambiental como socialmente. Es responsable de la ocupación y militarización de territorios en todo América Latina, el desplazamiento forzoso de poblaciones y la contaminación de suelo productivo y fuentes de agua.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 277 conflictos sociales abiertos en la región. La respuesta a la resistencia de los pobladores ha sido la sistemática criminalización de la protesta, la persecución y el asesinato de cientos de originarios y campesinos.

Las empresas y los financistas chinos son uno de los actores con más crecimiento de las últimas décadas y han generado enormes daños en todo el subcontinente. Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), estudió 18 proyectos de capitales Chinos en el sector minero, petrolero e hidroeléctricos. De éstos, 12 se encuentran en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Este informe fue presentado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde China reconoció los reclamos.

En Argentina, donde se extrae principalmente Cobre, Oro y Plata, están abiertos 28 conflictos mineros. En nuestro país, China es el segundo inversor con mayor presupuesto exploratorio asignado a proyectos de minería, con un gran crecimiento en la adquisición y fusiones de empresas ya existentes.

Empresas como China Metallurgical Corporation y Jinchuan realizan actividades exploratorias en Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. En 2017 Shandong Gold compró el 50% de la mina Veladero a Barrick Gold en San Juan, reactivando una mina que debió cesar actividades luego del derrame de agua cianurada con oro y plata e impulsando exploraciones en toda la zona del Cinturón de El Indio.

Devastación de la pampa azul

El Mar Argentino y la zona del Atlántico Sur es uno de los lugares con mayor pesca ilegal del planeta y con mayor concentración de barcos que operan de manera no regulada. Principalmente para la captura de calamares gigantes y merluza. Esta pesca no está registrada, no posee observadores ni respeta la temporada de pesca, tampoco acata regulaciones sobre tamaños, especies y métodos no destructivos.

Este año, se capturaron tres buques que se encontraban pescando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, dos de ellos pertenecientes a empresas chinas. Sin embargo, son la minoría los buques que ingresan al territorio argentino, la mayoría explota la zona justo a fuera del límite de la plataforma continental.

Esta región del Atlántico sur es de las pocas en el mundo que no está regida por ninguna Organización Regional de Ordenación Pesqueras (OROP), organismos intergubernamentales que establecen medidas de conservación y administración en zonas de altamar.

Esto implica la extracción de un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros por parte de buques extranjeros subsidiados (chinos, españoles, taiwaneses, etc.) con o sin licencia ilegal británica. No sólo implica la explotación desmedida de nuestros recursos sino también pérdidas anuales aproximadas de unos 2 mil millones de dólares en alimento, equivalentes a 14 mil millones de dólares en su forma de producto final y unos 50 mil puestos de trabajo.

Y la situación para la Argentina va camino a empeorar. Según el Dr. César Augusto Lerena,  Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, “un puerto chino, próximo a inaugurarse en Uruguay, le facilitará la logística a los buques de ese país que capturan en la Zona Económica Exclusiva Argentina y fuera de ella en forma ilegal, y el acceso a la Zona Común de Pesca de Argentina-Uruguay a los buques chinos. Léase: el Atlántico Sur estará en manos de los chinos. Se profundizará la sobreexplotación del recurso y la contaminación ambiental, por la instalación del citado puerto en el Río de la Plata y por la falta de estudios ambientales previos de las licitaciones offshore petroleras de Argentina y las exploraciones que igualmente el Reino Unido realiza en las aguas ocupadas de Argentina”

Las intenciones y la realidad

El Estado Chino ha publicado innumerables lineamientos destinados a sus bancos y empresas en el extranjero con el fin de evitar y mitigar los impactos sociales y ambientales.  Sin embargo, hasta ahora ninguno de éstos han sido vinculante ni presenta límites concretos al accionar de las empresas, han quedado en la esfera de “recomendaciones”.

En la otra cara de la moneda, los gobiernos de los países receptores han privilegiado la llegada de las inversiones a cualquier costo, sin poner límites reales a la voracidad del extractivismo. El caso de las mega granjas porcinas en Argentina es un buen ejemplo del rol de la movilización social en empujar a los Estados a poner estos temas en la mesa de negociación. Se logró que se posponga el acuerdo para pedir que incluya cláusulas de protección medioambiental. Que probablemente sean también meras buenas intenciones.

Está claro que las inversiones chinas no son las únicas contaminantes en nuestra región, ni mucho menos. Sin embargo, es importante señalar que así como la primarización de la producción traslada el trabajo a los países centrales, las inversiones de las potencias como China en nuestra región trasladan costos ambientales de la producción primaria a nuestros territorios.

Datos a tener en cuenta a la hora de analizar los costos de las relaciones con China, que no se reduce al déficit comercial, la reprimarización, o la dependencia, sino que también alimenta una crisis ecológica, que es cada vez es más cercana y evidente.

*Miembros del Observatorio de Actividad de los capitales chinos en Argentina y América Latina.

www.chinaenamericalatina.com

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