Racismo todo terreno

Por Sabrina Aguirre*

El pasado 25 de mayo nos enterábamos de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, a manos de cuatro policías. Esto hizo reflotar el debate sobre el racismo en nuestras sociedades. El racismo es un conjunto de ideas creadas con el fin de justificar, legitimar y hasta legalizar la explotación de un grupo por otro, que se dice “superior” por razones genéticas y culturales. Esto incluye la creación de estereotipos sobre ese “otro inferior” cargados de valoraciones negativas. Esta reducción se acompaña de la certeza de que estos “otros” no pueden cambiar a través del tiempo y que, por ende, siempre serán “inferiores”. No se puede jamás justificar el sometimiento y la violencia contra un igual, porque ¿no significaría eso un acto barbárico?

En Argentina se ha desplegado una caracterización de los mapuce[i] que no tiene nada que envidiarle al racismo yanqui. Resume a los mapuce como borrachos, vagos y violentos. Por si ello fuera poco, además, como truchos: fingen ser indígenas para sacar plata a las petroleras. Es un racismo todo terreno: cuando defienden el territorio, son“violentos”; cuando le piden al Estado que reconozca sus derechos,“truchos”.

Este pueblo originario viene elaborando un proyecto completamente en contradicción con las formas de acumulación y los procesos extractivos que, en la actualidad, como hace 500 años, exportan recursos y nacionalizan el riesgo social y ambiental. Ante eso, no hay otra salida más que intentar desmembrar la existencia comunitaria, que atenta contra el individualismo de la propiedad privada. Para ello no solo se reprime las jornadas de lucha indígena, sino que también se utiliza el gran poder de disciplinamiento y humillación que supone la imputación penal.

CAMPO MARIPE Y LA OFENSIVA DEL ESTADO NEUQUINO

La criminalización del pueblo mapuce tiene origen en la falta de mecanismos (leyes, políticas públicas) para abordar su situación en el territorio. No habiendo una real voluntad de hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la OIT, por un lado se lleva a sede judicial la disputa territorial, y por el otro se abren causas penales que buscan disuadir a las comunidades, y que no se sigan organizando.

A pesar de contar con un marco normativo que reconoce derechos específicos,[ii] la provincia de Neuquén encontró formas de no aplicarlos de manera completa. En el momento en que no se crean mecanismos específicos para solucionar el problema territorial mapuce, se toma el camino de resolverlo por el medio judicial y, a veces también, penal. La elección del método de resolución no es una cuestión burocrática, es una decisión política. Allí donde se defiende el territorio, se corre el riesgo de ser imputado.

Este fue el caso del lof Campo Maripe, ubicado cerca de Añelo, la localidad que iba a convertirse en la “Dubái argentina”pero aún no pasa de un cúmulo de trailers. En abril de 2019 se llevó adelante el juicio iniciado por una causa abierta por usurpación. Fue una excelente exhibición de la posición racista institucional de quienes deben asegurar el orden social, cruzada con el intento de frenar el proceso de organización comunitario. Durante todo el juicio, la parte acusadora se dedicó a discutir centralmente, dos cosas. En primer lugar, que los “usurpadores” habían actuado violentamente. En segundo lugar, que de hecho no eran una comunidad mapuce.

Permanentemente se intentó establecer, por medio del cuestionamiento a los testigos, que los imputados eran violentos. Sin demasiada suerte, sin embargo: los oficiales de policía interrogados dieron cuenta de que no se tenía actitudes violentas o conflictivas cuando iban a la comunidad a cumplir con las tareas de funcionarios. Cuando obtenían esas respuestas, los acusadores realizaban preguntas cada vez más puntuales. “¿Llevaban algo en las manos?” “¿Portaban algo?” “¿En qué se desplazaban?”. Las respuestas indicaron que llevaban celulares, cámaras fotográficas y elementos que los identificaban como lof.

De esta manera, los testimonios de los propios acusadores terminaron siendo el mayor fundamento de la tesis sobre la violencia. Y en el alegato de cierre, la fiscalía redobló la apuesta, asegurando que existían pruebas de que los mapuce habían pasado por la casa de los denunciantes de noche, y habían prendido y apagado las luces de su vehículo, lo cual era una práctica común en las tomas de tierras en Buenos Aires. Dejando todo intento de discreción a un lado, se forzaba la asociación de dos situaciones que poco paralelismo real tienen, buscando deslegitimar el reclamo mapuce.

El mapuce debía ser caracterizado como violento. Porque, como ya dijimos, el racismo tiene que lograr convencernos de que hay algo malo, roto, inferior, en ese otro, que debe ser sometido y puede ser explotado. Pero, por el otro lado, en la reducción del otro a un estereotipo, también hay una idea que opera convenciéndonos de que ese otro es un sujeto incapaz del cambio a través del tiempo. Solo la sociedad “civilizada” tiene permitido adaptarse al contexto cambiante: si vamos a aceptar a los indígenas, tienen que ser exactamente los mismos que hace 500 años. Entonces, durante el juicio también se quiso describir a los imputados como truchos, como no mapuce, o como no suficientemente mapuce.

Todo fue puesto en juego para impulsar esta idea. Se les preguntó a los testigos dónde vivían los imputados, tratando de establecer que habitar una vivienda en Añelo significaba no ser indígena. Se preguntaba de qué trabajaban, porque un miembro de la comunidad había desempeñado tareas de seguridad.Por ello, interrogando a una de las imputadas, la parte acusadora preguntó, escenificando un tono de sorpresa: “¿usted no le advirtió que estaba trabajando para una petrolera?”. Se preguntaba por la relación con las empresas, intentando deslizar que aceptar la donación de un tractor para las tareas de agricultura significaba que no existía una comunidad. La familia acusadora señaló que le generaba confusión ver al exlogko vestido con “esas ropas”, porque conocían a “una familia”, no a una comunidad.

Detrás de todo eso, agazapada, se escondió la pregunta: ¿recién ahora dicen que son mapuce? Toda esta línea de cuestionamiento no reparó ni por un momento en las razones que habían llevado a diferentes miembros de Campo Maripe a buscar residencia en Añelo, a abandonar parcialmente las actividades productivas en su territorio, o a intentar palear las duras condiciones de vida a las que se enfrentaban con diversas tácticas de supervivencia. Porque el racismo no otorga derecho al cambio a través del tiempo: resume una identidad en una serie de características culturales que deben mantenerse intactas sin importar el contexto.

CRIMINALIZACIÓN, RACISMO Y NEGACIÓN IDENTITARIA

No comprende que los procesos identitarios se enmarcan en relaciones de desigualdad. Tampoco repara en que a través de la historia las condiciones externas obligaban a los indígenas a sobrevivir replegando al ámbito más privado sus pautas culturales. Ni en que, por ello, varias generaciones de mapuce fueron criadas negando su pertenencia étnica como táctica de supervivencia: hablando el mapuzungun(idioma mapuce) en secreto, realizando ceremonias sin involucrar a los hijos, adoptando los símbolos nacionales argentinos por obligación. Una de las imputadas declaró que su abuela le decía a su madre que les apretara la nariz a sus niños, para que no les quedara tan ancha, y no parecieran mapuce.

Pero los Campo Maripe, para la parte acusadora, no eran suficientemente mapuce. Sin importar que, durante la última dictadura, un actor privado hubiera llegado al territorio clamando ser el nuevo dueño. Sin importar que ese mismo actor les demoliera la vivienda para que no tuvieran otra opción más que trabajar en “su” chacra. Sin importar que las opciones disponibles a partir de ese momento fueran salir del territorio a buscar sustento, o quedarse trabajando en una situación informal. Sin importar que esa informalidad implicara el trabajo de niñas de 8 y 10 años en tareas rurales sin paga a cambio y maltratos físicos. Sin importar que, durante casi todo el siglo pasado, ser indígena fuera tenido por algo vergonzante, y que se contara con muy pocas posibilidades a nivel de políticas públicas para recuperar el territorio perdido.

El racismo y la estigmatización de los mapuce estuvieron presentes a cada paso del juicio a Campo Maripe, para defender la propiedad privada y colocar en el lugar de víctimas a las empresas petroleras. Para establecer que la defensa del territorio y de los derechos constitucionales indígenas son prácticas impropias de una sociedad como la nuestra. Para seguir reproduciendo la desigualdad entre el “nosotros” y esos “otros” que son más iguales a nosotros de lo que nos quieren hacer creer. El juez absolvió a los Campo Maripe. Pero el Tribunal de Impugnación anuló la sentencia porque, desde su punto de vista, no se había tenido en cuenta los argumentos de la parte acusadora de forma suficiente. Y una vez más, ganaron los bárbaros de siempre.

* Sabrina Aguirre (aguirrecarlasabrina@gmail.com) es Licenciada en Historia. Becaria doctoral de CONICET. Docente del área teórico-metodológica del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Investigadora sobre procesos de organización de las comunidades mapuce en Neuquén.


NOTAS

[i] Utilizamos para las palabras en mapuzungun (idioma mapuce) la forma de escritura según el grafemarioragileo, que las comunidades utilizan en la actualidad.

[ii]Los principios legales sobre los que se asientan los reclamos indígenas son bastante claros. Preexisten como pueblo al Estado (Constitución Nacional) y la autopercepción es el aspecto central para ser reconocidos como originarios por otros (Convenio 169). Se los debe registrar y promover la entrega de las tierras que habitan para su desarrollo (Ley 23.302). Tienen derechos específicos en tanto indígenas, como que se realice una consulta previa para todos los proyectos que los afecten y que no se los traslade sin consentimiento (Convenio 169). A partir del 2006, debían cesar los desalojos hasta que se hiciera un relevamiento territorial y se regularizara su situación (Ley 26.160).

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